Convocatoria a una revolución: la revolución de la vida

http://www.ambito.com/926404-aborto-no-se-puede-legislar-a-favor-de-la-violencia

Senadora Silvia Elías de Pérez

Senadora Silvia Elías de Pérez

Clara definición de lo que implica la legalización del aborto.

En Uruguay, hemos comprobado la verdad de estas afirmaciones. Al establecer la ley (que teóricamente representa la opinión de las mayorías) que el aborto es un derecho, un acto médico gratuito, esto no sólo influye en que se hagan más abortos, sino en que se "naturalice" y "banalice" el peor crimen, el atentado al primero de los derechos que debería tutelar la ley, del más inocente e indefenso: aquél que más protección necesita (a la que tiene derecho) de su madre, de su padre, y de la sociedad entera. Y ésta, en lugar de emplear la tutela penal (la consagración de ese derecho como uno de los más importantes, cuya violación debe ser sancionada con una pena para restituir a la sociedad lo que le corresponde frente a la agresión que implica todo delito), afirma que no existe ese bien jurídico, que la vida del inocente, si está indefenso en el seno de su madre, puede ser destruida por ella; más aún: la sociedad en su conjunto pone en juego la fuerza de la coerción para obligar a que toda la sociedad contribuya con ese crimen: los médicos, el personal sanitario, las instituciones de salud y todos los contribuyentes que deben pagar sus impuestos para contribuir a que el aborto sea gratuito. Y esto, que es una barbaridad para cualquiera que aplique su inteligencia al análisis de la cuestión, es decidido por los representantes, por quienes tienen la función de legislar para el bien común. No es la opinión de una mujer presionada por la situación, por su entorno, por sus proyectos de vida que parecen venirse abajo ante la inesperada noticia de que está esperando un hijo. Es la decisión fría (se supone, racional) de quienes deben velar por que se establezcan las condiciones para que TODOS puedan alcanzar su pleno desarrollo. Si la mayoría de ellos lo considera algo conveniente para el bien de la sociedad, ¿no será algo bueno? Ésto es lo que, conscientemente, se pretende por parte de muchos de los que quieren que se apruebe la ley: obtener un aval para acallar su consciencia; y es lo que, inconscientemente, influye en otros muchos, una vez que la ley se sanciona.

Por eso, si se sanciona esta ley en Argentina, ya verán cómo, como sucede en Uruguay, la prensa dejará de hablar de "abortos", para hablar de "procedimientos", "actos médicos", "IVE"... ; se pasará a cuestionar no a los médicos aborteros que lucran con la muerte, sino a los "objetores de conciencia" que en vez de priorizar la atención a la "salud", "los derechos" de la madre, "ponen por delante su interés persona"l, "su ideología", sus "concepciones religiosas"... y con ello impiden el cumplimiento de la ley, oponiéndose a los derechos humanos...

Yo también, como la valiente Senadora, "siento un escalofrío en todo el cuerpo", me eriza la piel, y me hiere el corazón cada vez que veo cómo el respeto y la defensa de los valores más esenciales de la convivencia social pasan a ser considerado egoísmo, fanatismo..., cuando la defensa del derecho humano más fundamental pasa a considerarse como "contrario a los derechos humanos"; cuando, a lo sumo, se "tolera" (en vez de valorar) que un médico se niegue a matar; cuando, en realidad, se persigue y se escracha a esos médicos, porque no se considera que actúen conforme a derecho, al más elemental y fundamental de los derechos, sino que, a lo sumo, se considera que se amparan en una egoísta "objeción de conciencia", un caso en que se tolera que alguien "incumpla con el derecho" (es decir, actúe injustamente), porque eso sería malo para su "conciencia" pero justo y legítimo de acuerdo al derecho.

Me dan un gran dolor y decepción las actitudes de quienes, en lugar de defender las bases más fundamentales de nuestra convivencia social, las ponen en cuestión, llaman a discutir lo que nunca debería discutirse: si algunos tienen o no derecho a vivir, y si otros tienen derecho a matarlos. La verdad, por más "civilizada", "democrática" y "respetuosa" que se pretenda sea la discusión, no puede serlo por el contenido de la misma. No es civilizado discutir si algunos seres humanos tienen derecho a vivir o no, y si otros tienen derecho a matarlos, y si la sociedad en su conjunto debe ayudar a estos últimos y no a los primeros; por el contrario: es negar lo que constituye el principal avance de la civilización occidental: la igual dignidad de todo ser humano, el carácter inalienable de los derechos que tiene por su condición de ser humano. No es democrática tal discusión, porque la democracia no se agota en respetar la decisión de las mayorías; hay un límite infranqueable, un ámbito que queda fuera de la competencia de tales mayorías: los derechos humanos, que son previos a lo que decidan los parlamentos y las mayorías; si no, ¿qué diferencia habría entre esta democracia y la democracia de la Alemania Nazi, en la que también quienes decidieron no reconocer los derechos humanos de una minoría eran representantes de la mayoría que los había elegido democráticamente? No es respetuosa una discusión que tiene como objeto no respetar a unos 500.000 seres humanos por año (según las cifras -infladas- que manejan los promotores de la legalización del aborto).

Me da mucho dolor que en mi querida patria esto sea objeto de discusión pública. En la Alemania de Hitler, al menos, la mayoría de la población no sabía que se estaba exterminando a todo un pueblo en los campos de concentración. Acá sí se sabe, y se discute con un cinismo escalofriante dónde se hará este exterminio: en cada institución de salud; quiénes tienen que hacerlo; los más capacitados para ello: los médicos preparados para salvar la vida de las personas; se transmiten los discursos de cada legislador por la televisión, por youtube; la población se congrega con pañuelos verdes a apoyar este TERRORISMO DE ESTADO. Es el Estado puesto al servicio de la muerte, de la desaparición forzosa de millones de personas (no exagero: en tres años ya llegaríamos al millón) que ni siquiera tendrán una sepultura digna, un nombre para ser recordados. Es terrorismo de Estado: todo el aparato del Estado al servicio del aborto: sus legisladores, el Fisco recaudando fondos para solventar los gastos millonarios de este crimen que será negocio para las multinacionales, el Ministerio de Salud Pública, comprando los "medicamentos para producir el aborto" (digamos veneno para matar a los bebitos), pagando al personal "de salud" (digamos "a los verdugos") encargado de los "procedimientos" ("la matanza").

Creo que es hora de dejar de lado los eufemismos y llamar a las cosas por su nombre, sin miedo a la dictadura del pensamiento único y de lo políticamente correcto. No hay odio en mis palabras: hay dolor. No creo ser mejor que nadie: creo que tengo la responsabilidad de decir la verdad, comprendiendo a quienes piensan distinto, comprendiendo, queriendo y compadeciéndome de quienes están en una situación de presión tan fuerte como para plantearse matar a su hijo, sabiendo que soy, como parte de esta sociedad, responsable de que se haya generado esta cultura de muerte que ve al regalo de un hijo como un estorbo, un enemigo de la propia felicidad, y a la maternidad, como una esclavitud. Soy responsable de esta situación, de no haber hecho más para transmitir mi agradecimiento y alegría por la vida, por mis padres, por no saber comunicar la felicidad que da el vivir para el bien de los demás.

Pero esta comprensión, compasión y responsabilidad no puede llevarnos más que a tratar de cambiar la situación actual promoviendo soluciones para amparar a la madre que está en esa situación de angustia y al hijo inocente e indefenso que está en su seno; para que se valore la vida, la generosidad y la entrega como fuentes de felicidad; el respeto y dignidad de la sexualidad humana como expresión de amor y origen digno de esa vida; la consecuente responsabilidad por ese valor de la unión sexual, contra la banalización de la misma que lleva al egoísmo, a tratar al otro como objeto de placer propio y a olvidar su dignidad y la dignidad del hijo.

Por eso, no son estas las palabras que dirigiría a una pobre mujer enfrentada ante el dilema de abortar o continuar su embarazo. Me dirijo a los legisladores, y al pueblo entero a quienes ellos representan. A los Senadores, que deben enfrentarse ante otro dilema: reconocer que toda vida humana merece ser tutelada por igual, y especialmente las de los más indefensos e inocentes, o aprobar una ley que dice exactamente lo opuesto: que hay algunos (los más obligados a tutelar esa vida: la madre) que tienen derecho a matar a aquéllos, alcanza para ello con que quiera hacerlo, y a hacerlo gratuitamente: con la colaboración de médicos y contribuyentes.

Me uno, por eso, al llamado de esta valiente senadora. Si sabemos que hay vida humana desde la concepción, quitar esa vida es una INJUSTICIA, ¡la mayor de las injusticias!; es una violación del DERECHO: el primero de los derechos, contra el más vulnerable: el más necesitado, frente a quien más obligados estamos (JURÍDICAMENTE) a actuar en su defensa. NO ES UN TEMA DE MORAL PRIVADA, ES UN TEMA DE DERECHO. Por eso, la acción contraria a ese derecho DEBE SER IMPEDIDA (¡no puede siquiera tutelarse, cuánto menos promoverse!). IMPEDIDA POR LA FUERZA, POR EL MONOPOLIO DE LA FUERZA QUE TIENE A SU CARGO LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. Un médico no sólo está obligado a no matar, haciendo objeción DE CONCIENCIA: él y todos los ciudadanos estamos obligados a NO DEJAR QUE OTROS MATEN, Y A NO CONTRIBUIR NOSOTROS, CON NUESTROS IMPUESTOS, A QUE SE MATE GRATUITAMENTE. Y LOS LEGISLADORES SON LOS PRIMEROS OBLIGADOS A RESPETAR ESTE DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL, ANTERIOR A CUALQUIER LEY POSITIVA O PARLAMENTO.